Ya sea que dirija una PYME, un gran grupo o una empresa de reciente creación, la Dirección General de Impuestos (DGI) ocupa un lugar central en la vida jurídica, financiera y operativa de su estructura. En los últimos años, la administración tributaria ha experimentado una profunda transformación, pasando de una simple lógica de recaudación a un modelo digitalizado, transparente y basado en reglas claras. A continuación, se presentan los principales aspectos regulatorios, operativos y de cumplimiento que todo directivo debe dominar.

1.Estructura de los impuestos directos e indirectos

El marco fiscal se articula en torno a tres impuestos principales, regulados por el Código General de Impuestos (CGI):

• Impuesto sobre Sociedades (IS): Se aplica a los beneficios netos obtenidos por las personas jurídicas. La reforma fiscal ha implantado tipos proporcionales objetivo:
• 20 %: Tipo unificado de régimen general para la mayoría de las empresas (cuyo beneficio neto fiscal sea inferior a 100 millones de DH).
• 35 %: Para las grandes empresas que generen un beneficio imponible igual o superior a 100 millones de DH.
• 40 %: Tipo específico reservado a entidades de crédito y entidades aseguradoras.
• Cuota Mínima (CM): Incluso en caso de resultado negativo, la empresa debe abonar un impuesto mínimo calculado al tipo del 0,25 % sobre la base de la cifra de negocios y productos asimilados. Recordatorio: Las nuevas empresas disfrutan de una exención de la cuota mínima durante sus primeros 36 meses de actividad.
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Un impuesto indirecto en el que la empresa actúa únicamente como recaudadora. La armonización fiscal se estructura en torno a dos tipos principales: tipo general es 20 %.

2. Digitalización y Teledeclaraciones: La plataforma SIMPL

La DGI ha modernizado la totalidad de los trámites fiscales. Las gestiones presenciales han dado paso a los procedimientos telemáticos obligatorios a través del portal SIMPL:

• Obligación de matriculación e ICE: Cada empresa debe disponer de su Identificador Común de la Empresa (ICE), así como de sus identificadores fiscales. El ICE es obligatorio en todas las facturas emitidas y recibidas para garantizar la deducibilidad de los gastos y del IVA.
• Teledeclaraciones y telepago (SIMPL-IS, SIMPL-TVA, SIMPL-IR): Todas las declaraciones tributarias, pagos a cuenta y retenciones en la fuente deben presentarse y abonarse directamente en línea, bajo pena de recargos y sanciones por mora.
• Notificación por medios electrónicos: La DGI ha generalizado el uso del correo electrónico profesional para todas las notificaciones oficiales y calendarios de inspección.

3. Incentivos y regímenes de favor para los inversores

Para fomentar la creación de empleo y la inversión, la DGI aplica los instrumentos de incentivo previstos en la Carta de Inversiones y la normativa vigente:

Principales ventajas en la constitución:

• Exención del Impuesto de Actividades Económicas (Taxe Professionnelle): Exención total durante los primeros 5 años posteriores al inicio de la actividad.
• Exención del IVA en bienes de equipo: Exención fiscal (tanto en el interior como en la importación) para la adquisición de maquinaria y bienes de equipo durante los primeros 36 meses (con posibilidad de prórroga según los convenios suscritos con el Estado).
• Estatutos regionales y zonas estratégicas: Las empresas que operan en las Zonas de Aceleración Industrial (ZAI) o bajo el estatuto Casablanca Finance City (CFC) se benefician de regímenes de tributación reducida o de exenciones temporales en el IS.

4. Relaciones con la administración: Prevención y gestión de la inspección fiscal

Dado que el sistema fiscal se basa en el principio declarativo, la DGI dispone de facultades de comprobación e inspección para verificar la veracidad de las declaraciones:

• Rigor contable y trazabilidad: Los gastos solo son deducibles si están respaldados por justificantes válidos (facturas conformes con el ICE y medios de pago trazables para evitar sanciones por pagos en efectivo).
• Derechos del contribuyente: En caso de inspección fiscal, la empresa está protegida por la Carta del Contribuyente. El procedimiento es estrictamente contradictorio: notificación previa, derecho de alegaciones dentro del plazo legal (generalmente 30 días) y acceso a las vías de recurso.

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